No es ningún secreto que el acceso a la justicia de las mujeres y en especial las que viven violencia es un camino largo, cansado y poco agradable. Las mujeres que por fin deciden poner una demanda en contra de su agresor muchas veces terminan otorgando el perdón o desistiendo, la sociedad por supuesto las juzga por no haber seguido hasta las últimas consecuencias, las tacha de débiles, de “proteger” a su agresor, dicen cosas como: “¿Quién las entiende?”, “seguro le gusta que le peguen”, “es una masoquista”, etc etc. Poco nos ponemos a pensar realmente lo difícil que es para las mujeres violentadas llevar su proceso hasta las últimas consecuencias, poco nos ponemos a pensar que las mujeres que deciden denunciar son cuestionadas, son re victimizadas, su vida privada es cuestionada pero sobre todo son violentadas por las mismas instituciones que se supone están ahí para protegerlas. Sí, mucho criticamos a las mujeres por no hacen nada por remediar la violencia que viven pero, ¿Realmente es su culpa?, ¿Realmente no quieren salir de una vida donde están en peligro de muerte?, o mas bien no encuentran el apoyo que necesitan para poder hacerlo.
El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido consagrado como un desafío prioritario en los sistemas de protección de los derechos humanos a nivel regional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales que protegen el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, refleja el consenso y el reconocimiento por parte de los Estados del trato discriminatorio que éstas tradicionalmente han recibido en sus respectivas sociedades, lo que ha dado como resultado que sean víctimas y estén expuestas a diferentes formas de violencia, que incluyen la violencia sexual, psicológica y física y el abuso de sus cuerpos.
Como primer órgano internacional está la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) ratificada en México en 2002 y de ahí la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará") el cual es el instrumento más ratificado del sistema interamericano. Todo esto refleja el compromiso asumido por los Estados de adoptar medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y reparación de estos actos, refleja el consenso regional de que la violencia contra las mujeres constituye un problema público y prevalente, meritorio de acciones estatales para lograr su prevención, investigación, sanción y reparación.
Según un estudio de ONUmujeres: “En todo el mundo, la cadena de justicia se caracteriza por los altos niveles de abandono de casos antes de que estos lleguen al tribunal; del resto, muy pocos resultan en una condena. El abandono es un problema particular en los casos de violación. Sólo el 17% de las denuncias de violación llegaron al tribunal y sólo
4% terminaron en una condena por violación. Cerca de la mitad de los casos fueron
abandonados en la etapa de investigación policial, por lo general debido a que el autor
no fue encontrado. Más de tres cuartas partes de las declaraciones de las víctimas
carecían de la descripción del autor. En más de la mitad de los casos, la orden de
detención del sospechoso tuvo que emitirse dos o más veces antes de que el oficial de
policía encargado de la investigación cumpliera con ella. Uno de cada cinco casos que pasaron a la etapa de procesamiento fue abandonado. Dos tercios de los casos llegaron al tribunal, pero la mayoría fueron desechados por el tribunal antes de llegar a juicio.
De estos casos, 63% fueron retirados por la víctima o la víctima no pudo ser encontrada. En 14% de los casos, la evidencia se perdió o no se obtuvo. Alrededor del 17% de los casos denunciados llegaron al tribunal. Los casos en los que se documentaron las heridas tenían más probabilidades de proceder a juicio y resultar en una condena. El 4% de los
casos denunciados resultaron en una condena por violación, mientras que otro 2% fueron condenados por otros delitos. Del 41% de las condenas susceptibles de merecer cadena perpetua, sólo el 4% (tres personas en total) recibieron esta sentencia”.
Y bueno todas estas convenciones internacionales se oyen muy bien pero el problema radica precisamente en la poca voluntad que existe por prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pueden existir mil leyes que protejan a las mujeres pero si no hay quien las aplique es como si no existieran.
En Tabasco de acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado (2009), del total de querellas por violencia familiar que se registran en el año 2010, -2 mil 300- en el 80% de los casos las mujeres otorgan el perdón.
Nos encontramos ante un problema de derechos humanos de las mujeres y lo volveré a decir, es necesaria la aplicación de métodos que sensibilicen a la población, el primer paso para esto es entender que la violencia contra las mujeres es un problema grave, de salud pública, social, económico y hasta político que tiene consecuencias graves tanto en la víctima como también en el agresor. No serán suficientes las reformas y los cambios legales, que aunque "mejoren" las condiciones de las mujeres, si no se hace un trabajo de fondo que ataque de raíz el problema.
No hay comentarios:
Publicar un comentario